“Prohíbase que las ayudas, beneficios, subsidios y/o aportes que disponga el Poder Ejecutivo Nacional, en el marco de la emergencia establecida por la pandemia del Covid 19, en favor de empresas cualquiera sea su tipo, clasificación y/o denominación social, sea condicionada a la adquisición de parte del capital social de las mismas o participación en sus directorios”, reza la iniciativa de tan solo dos artículos.
El proyecto que lleva la firma del legislador radical, Luis Petri, es acompañado también por otros legisladores del interbloque Juntos por el Cambio como Waldo Wolff, Alfredo Cornejo, Fernando Iglesias, Roxana Reyes, Ricardo Buryaile, Álvaro Lamadrid, Jimena Latorre, Estela Regidor, Lidia Inés Ascarate, Ximena García, Gonzalo Del Cerro y Gabriela Lena.
Días atrás, la diputada del Frente de Todos y titular de la Comisión de Finanzas de la Cámara baja, Fernanda Vallejos, hizo un análisis a través de un hilo de Twitter sobre la situación económica del país en el marco de la pandemia y la necesidad de obtener recursos por parte del Estado para asistir a pymes y población vulnerable.
Allí, sostuvo que se encontraba trabajado en un proyecto, que aún no fue presentado, que por un lado busca negar el acceso al programa de Asistencia de emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) a “empresas que operan offshore, fugan divisas y evitan tributar lo que les corresponde al fisco argentino”.
En tanto, propuso que “si el Estado decide subsidiar a grandes grupos, sería razonable, como lo han hecho antes y lo están haciendo ahora las economías más desarrolladas, que lo haga no como un regalo a esas empresas, sino a cambio de una participación en el capital de las compañías”.
El anuncio generó el amplio rechazo de la oposición que raudamente respondió con un proyecto de ley. Entre sus fundamentos, la iniciativa de la oposición establece que las declaraciones de Vallejos “no son aisladas” y señala que “ha sido el ministro de Trabajo, Claudio Moroni el que calificó como ‘interesante’ la idea de que el Estado se quede con parte de las empresas que asiste”.
“El Estado involucrándose en los planes de negocios de las empresas y quedándose con parte de sus acciones a cambio de ayuda, es atentar contra el derecho de propiedad, una confiscación de bienes encubierta”,sostiene el proyecto.
“Es imprescindible otorgar certezas y dar garantías respecto de las ayudas o beneficios que obtienen las empresas, prohibiendo que estas puedan condicionarse a la participación en el capital social por parte del Estado”, concluye.
