Entre las causas de resonancia que lleva está la de AMIA que esta semana se cumple un nuevo aniversario y otra causa que investiga presuntas irregularidades en la renovación de concesiones viales durante la gestión de Cambiemos.
Semanas atrás ordenó la citación a indagatoria de exfuncionarios macristas como los exministros Nicolás Dujovne (Economía) y Guillermo Dietrich (Transporte), así como también del exdirector de Vialidad, Javier Iguacel a quien amenazó con pedir su captura si no se notificaba en los tribunales.
La decisión ocurre mientras el magistrado enfrentaba una serie de acusaciones en el Consejo de la Magistratura, por mal desempeño y presuntos hechos de corrupción. Canicoba Corral estaba en su cargo desde hace más de 27 años y había asumido durante el gobierno Carlos Menem.
Formalmente el juez federal está a cargo del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 6 desde 1993. Nació en Buenos Aires en 1945 y comenzó su carrera como meritorio en la Justicia bonaerense, pero recién en la década del ‘90 hizo su salto al fuero federal.
En diciembre de 2003, la Cámara Federal apartó a Juan José Galeano de la investigación de la causa AMIA por considerar que el juez no era imparcial. Tras la realización del sorteo, el expediente fue derivado al juzgado de Rodolfo Canicoba Corral. Casi tres años más tarde, el juez ordenó la captura internacional de los siete imputados iraníes, en línea con el dictamen que había recibido del entonces fiscal Alberto Nisman y declaró crimen de lesa humanidad al atentado contra la mutual judía.
Durante los últimos años en Comodoro Py estuvieron marcados por la instrucción en su juzgado de la causa AMIA. En 2013, tras la aprobación del Memorándum de Entendimiento con Irán, las entidades judías AMIA y DAIA presentaron amparos ante la Justicia Federal.
En ese entonces, el magistrado explicó que no era su competencia y que la causa debía ir al fuero Contencioso Administrativo. La Corte rechazó su planteo y envió el expediente a Canicoba, que declaró improcedente el amparo presentado por AMIA y DAIA. Seis meses más tarde, la Cámara Federal declaró inconstitucional el acuerdo e hizo lugar al amparo.