La semana pasada Gils Carbó viajó a Chile para firmar convenios de cooperación internacional con el Ministerio Público trasandino. Pero el objetivo, según trascendió, era otro: delinear una futura reforma al Código Procesal Penal La funcionaria analizó el modelo chileno, más allá de avanzar en la creación de una alianza en los delitos de trata de personas, en los delitos económicos y lavado de activos, y en los de narcotráfico.
Desde que asumió, Gils Carbó no ha parado de repetir entre los más cercanos que encontró un Ministerio "atrasado" respecto a lo que sucede en otros países de la región, por lo que entiende que es necesario "aggiornarlo".
En ese sentido, si la Procuradora finalmente decide avanzar en una reforma, el camino parece estar allanado: existe en Diputados un proyecto que obtuvo dictamen en comisión, pero que nunca llegó al recinto. De hecho, muchos estimaban que dicha modificación al Código iba a estar incluida en el paquete de proyectos de reforma de la Justicia que fue aprobado por el Congreso meses atrás.
La principal reforma del Código Procesal Penal adoptaría el sistema acusatorio, en reemplazo del actual, que es el inquisitivo. Ese cambio ya se hizo efectivo en varias provincias, y le da a los fiscales mayor poder sobre los jueces, ya que se encargan de todo el proceso de la investigación, dejando a los magistrados sólo la potestad de juzgar.
Si la idea prospera, significaría una nueva disputa entre los jueces y el oficialismo. En la actualidad, son los propios jueces los que pueden decidir si delegan la investigación en los fiscales.
Fuente: otrosambitos.com.ar