El economista Agustín Monteverde analizó en Otrosambitos (Pop Radio 96,1) este artículo.
Sí. Ésa es la superrenta extraordinaria e irrepetible que se devoraron seis años de gestión K. Originada en impuestos exorbitantes, que se llevan más de un tercio de ganancias y capital de giro -como las retenciones- y trampas fiscalistas -como la prohibición de ajustar balances- que gravan la formación misma de capital productivo.
Si tamaño zarpazo al sector productivo no logra conmover los ánimos progresistas, la indiferencia cede a la desazón -o la indignación- cuando verificamos que no quedan rastros de esos u$s 70.000 millones. ¿Alguien vio las nuevas rutas, trenes o escuelas? Resultados al canto, nada se dedicó a modernizar la Justicia. Menos aún a la impostergable renovación del material de defensa (¿quiín se acuerda ya del rompehielos y de tantos aviones militares caídos? ¿dónde están los fondos para que nuestra flota ponga coto a la pesca indiscriminada? ¿y los radares que pongan fin a la libre operación del narcotráfico?)
La propaganda oficialista habla de 250.000 viviendas construidas (favor de publicar el inventario porque no se las ve). Pero con aquella masa de fondos se podría haber edificado 2,3 millones de casas (salvo que las anunciadas hayan costado u$s 280 mil cada una).
A falta de infraestructura, el monumental excedente podría haberse destinado a las demoradas reformas estructurales (del Estado, tributaria, etc.). Desilusión: la única reforma de envergadura en los últimos seis años fue la confiscación de las jubilaciones y estatización y disolución del sistema de capitalización; no tuvo costo sino que apuntó a engrosar los bolsillos fiscales.
El superávit fiscal de estos años no obedeció precisamente a una sana y sobria austeridad. «La caja», espina dorsal del poder autocrático kirchnerista, constituyó el instrumento para amancebar a gobernadores, intendentes, sindicatos, empresarios, y ONG de variado cuño. Como sostuvimos desde un comienzo, los impuestos a las exportaciones fueron objetivo central de una política cambiaria al servicio de la Tesorería, pero marketineada bajo el seductor sello productivista y -vaya paradoja-proexportador. Esa política de dólar fuerte -es decir, de peso díbil- que obedientemente aplicó el BCRA hasta mediados de 2008, fue súbitamente abandonada al sufrir los primeros cimbronazos del enfrentamiento con el campo, cuando el dólar se fortalecía a lo largo y ancho del mundo.
La consiguiente pírdida de recursos y la insaciable necesidad de caja -o, lo que es lo mismo, de poder- llevaron al Gobierno a una serie de manotazos desesperados. El ímpetu bucanero subvirtió los tírminos del discurso. Del tramposo argumento de «salvar las jubilaciones» pasamos a la chocante realidad de que los fondos jubilatorios son los que rescatan al fisco. A poco de estatizar Aguas Argentinas para «salvar el sistema sanitario del Gran Buenos Aires», nos encontramos que los fondos para cloacas terminaron financiando al Gobierno.
La Lotería, el PAMI, los retiros militares y las cajas de jubilaciones profesionales debieron socorrer a este sistema de poder basado en el gasto clientelar. Hasta la AFIP ha implantado una suerte de default, demorando los reintegros a la exportación.
Tanto despilfarro nos ha devuelto a penurias que ya conocemos. Este año el díficit primario nacional será al menos de $ 2.000 millones y el consolidado provincial superaría los $ 14.000 millones.
En marzo, el superávit primario experimentó una caída del 61% interanual y el resultado financiero -luego del pago de servicios de la deuda- fue negativo en $ 733 millones (un año atrás había sido positivo en $ 850 millones).
El gasto se expandió el 28% interanual y fue rícord para lo que va de 2009. Los gastos de operación -los más rígidos a la baja: principalmente son remuneraciones- saltaron el 45% interanual. Se trata más de un piso que de un techo de crecimiento para lo que resta del año. Las prestaciones a la seguridad social subieron el 35% interanual. La única buena nueva es que se desaceleró al 22% el ritmo de expansión de los subsidios al sector privado, aunque bien por encima del crecimiento de los ingresos. A pocas semanas de las elecciones, los gobernadores e intendentes desesperan: las transferencias corrientes al sector público aumentaron sólo un 10% interanual mientras que las de capital cayeron un 7%. Las obras públicas de la Nación, en cambio, saltaron un 107% interanual. Ante la previsible caída de la actividad, con las consiguientes urgencias económicas y sociales a corto plazo, y sin reformas estructurales en estudio, es impensable una desaceleración del gasto.
Los ingresos corrientes, en tanto, se expandieron algo menos del 16% interanual. Pero esta suba fue inflada por el salto del 51% en los ingresos captados por el sistema de seguridad social gracias a la megaconfiscación de los ahorros previsionales; si no, los ingresos corrientes crecerían apenas un 4%. Los ingresos tributarios crecieron menos del 12%, por debajo de la mitad en que lo vienen haciendo los gastos corrientes. La presión tributaria efectiva (la que soporta la franja formalizada de la economía), en tanto, supera un asfixiante 60%, insostenible en el contexto de una economía recesiva.
Luego de las elecciones, habrá que cubrir vencimientos de deuda por unos u$s 7.000 millones. Con el acceso cortado al financiamiento externo (salvo líneas «testimoniales» del BID y el BM), las únicas fuentes de fondos a las cuales echar mano serán las reservas internacionales y los ultrajados fondos de la ANSES. Para eso el Gobierno ya modificó encubiertamente las leyes del BCRA y el BNA como artículos de la Ley de Presupuesto.
Aún con esos recursos extra, la brecha a cubrir -dependiendo de los supuestos que tomemos- superaría los u$s 1.500 millones. Un default parcial y selectivo será difícil de esquivar: ya se puede descontar la refinanciación bajo presión del próximo vencimiento del Boden 2012.
Fuente: otrosambitos.com.ar