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Diputados: museo del poncho y ley de extinción de dominio, agenda paralela del ajuste K.

El kirchnerismo ya logró su megapaquete de ajuste, impuestos y emergencias para 2020 y, con sesiones extraordinarias prorrogadas hasta fin de febrero próximo, marea a propios y extraños sobre las intenciones reales de reactivar los recintos con mayores iniciativas a las ya enviadas desde Casa Rosada. Desde el 10 de diciembre pasado, ya en pleno gobierno de Alberto Fernández, oficialistas y opositores tuvieron su agenda paralela de proyectos con curiosas iniciativas y pedidos para sacar leyes a medio camino de la siesta.


Días antes del debate exprés de la “emergencia solidaria” que empujó el kirchnerismo en el Congreso -Axel Kicillof todavía busca su combo de impuestos locales en la provincia de Buenos Aires-, la diputada oficialista Silvana Ginocchio presentó un proyecto para crear “el Museo Nacional Interactivo del Poncho (MNIP) en la provincia de Catamarca, declarada Capital del Poncho por Ley N° 26757, dentro de la órbita del Ministerio de Cultura de la Nación, con sede en el Departamento Belén”.

Para su financiamiento -lugar físico y personal-, la iniciativa deja claro que “los gastos que demande el cumplimiento de la presente ley en cuanto a mantenimiento, conservación y funcionamiento del Museo Nacional Interactivo del Poncho, serán imputados al Presupuesto General para la Administración Nacional, que deberá contemplar las partidas para su construcción y/o remodelación e instalación y anualmente las partidas necesarias para el normal funcionamiento del Museo”.

Mientras tanto, desde el PRO, que se acomoda de a poco en su rol de opositor -hay tironeos infantiles en primera línea del bloque-, aparecieron las primeras leyes que no pudo lograr el macrismo y que ahora se utilizan como dardos hacia el kirchnerismo.

Por caso, Waldo Wolff solicitó al Ejecutivo varias cuestiones: “realizar las gestiones necesarias para que la Corte Suprema de Justicia de la Nación derogue la acordada 20/96”, que exime a ese poder de tributar Ganancias; un “congelamiento de los salarios básicos del jefe de Gabinete y demás funcionarios”; y que exhorte al Congreso a tratar las demoradas leyes de extinción de dominio -para recuperar bienes de la corrupción- y la de “ficha limpia”, que apunta a evitar a candidatos condenados y con sentencia confirmada en segunda instancia por cohecho y tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles, enriquecimiento ilícito, encubrimiento y delitos contra la seguridad de la Nación.

Un puñado de legisladores de Juntos por el Cambio también manifestó en diciembre pasado su “profunda preocupación por la situación del Estado Plurinacional de Bolivia y las implicaciones políticas que pueda generar en nuestro país la presencia del expresidente Evo Morales”, y solicitó “al Poder Ejecutivo Nacional para que tome las medidas conducentes a los efectos de que el señor Evo Morales adapte su conducta al espíritu de la Convención de Ginebra de 1951 , evitando todo tipo de comportamiento que atente contra la seguridad nacional y el orden público y que entorpezca las relaciones con el país vecino”.


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